Uno de los puntos más importantes de la agenda de México en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la protección de los niños en conflictos armados. Un tema importante, sin duda, pero del cual México no parece ser el mejor ejemplo. Ayer, el canciller del país probo, sin quererlo esta contradicción de principios.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, declaró en la sede de la ONU en Nueva York: “México reafirma hoy, aquí, su compromiso de velar por la protección plena de los civiles en los conflictos armados, en particular las mujeres y los niños (…) Los crímenes cometidos en contra de los niños no podrán detenerse si sus perpetradores permanecen impunes. Las violaciones graves a las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra y son los Estados miembro los que tienen la obligación primaria de investigar y enjuiciar a los responsables de tales ilícitos”.
Parece ser que la funcionaria, desconocía que en la ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negaba la versión dada por la Secretaria de la Defensa Nacional de que la muerte de unos niños, acribillados el 3 de abril por soldados, según sus padres, fue resultado de tiroteo contra narcotraficantes.
El informe de la autoridad, añadió el presidente de la comisión, Raúl Plascencia, “no tiene sustento ni apego a las evidencias (…) Las víctimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública”.
“Apoyamos medidas más enérgicas frente a aquellos actores que persisten en las violaciones de los derechos a las y los niños en los conflictos armados”, dijo ayer acertadamente la canciller. Es de esperar que sus colegas funcionarios en México entiendan esas palabras, no sólo para hacer justicia, sino también para resguardar la credibilidad de la “lucha por la seguridad”.
